Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo reglamento para el régimen de notificaciones, mediante el Acuerdo 4013. Una de las novedades fue el uso del telegrama electrónico como un nuevo medio de notificación, fundado en el régimen al que alude el artículo 12 de la ley 15.230.

Soledad Alonso, Diputada Provincial y Presidenta de la Comisión de Trabajo, junto a la diputada Susana González, presidenta del Frente grande de la Provincia de Buenos Aires, de Asuntos Constitucionales y Justicia, ambas en la Cámara de Diputados, se reunieron con Mónica Blanc Secretaria General y la Sec. Adjunta Patricia Suruaga, integrantes de la Asociación Judicial Bonaerense Zárate-Campana, las Departamentales San Isidro, San Martín, La Matanza, y representantes de la Agrupación Judiciales Unidos de Mar del Plata.

La AJB manifestó su descontento frente a la iniciativa, atribuyendo a la Suprema Corte una “privatización” del servicio de justicia. Tal es así que iniciaron una campaña solicitando firmas para revocar el acuerdo.

En este sentido, Pablo Abramovich, Secretario General de la asociación aseguró que “esta medida afecta indudablemente la imparcialidad y la seguridad de esas notificaciones afectando el derecho de defensa y el debido proceso”.

Al respecto de la situación, Soledad Alonso declaró: “Es un escándalo. La Suprema Corte está avanzando en la privatización de estas dependencias, trayéndoles una mayor precarización a quienes se desempeñan en ese trabajo y de esta manera tercerizando un sistema paralelo que busca hacer prescindible esta labor”.

“El Poder Judicial dicta sus propias normativas, pero vamos a hacer todo lo posible para visibilizar esta problemática en ambas cámaras de la Legislatura Bonaerense en pos de defender los derechos de estos trabajadores y trabajadoras judiciales ante este nuevo atropello de la Corte”, señaló.

Concretamente, el nuevo reglamento del Acuerdo establece la creación de la figura del telegrama electrónico con la intención de presentar como innovación tecnológica: se trata de habilitar el diligenciamiento de notificaciones en papel y dirigidas a domicilios físicos a empresas privadas de correo o abogados y abogadas de la matrícula, como reemplazo de una tarea que hasta el momento vienen realizando oficiales públicos bajo reglas estrictas y con control de la Suprema Corte.

Por su parte, Susana González sostuvo: “En tiempos dónde hay un grito unánime de la sociedad por generar una reforma judicial con perspectiva de género, con acceso real, equitativa e igualitaria, la Corte Suprema de Justicia quiere privatizar el servicio de notificaciones, desmantelando las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones. [Es este] un poder judicial que resuelve unilateralmente medidas en contra de los trabajadores, imponiendo una justicia para los ricos, vulnerando sistemáticamente a los que menos tienen”.

A través de un comunicado que encabeza su petitorio para juntar firmas, la AJB explica que, de aprobarse definitivamente la iniciativa “quedaría consagrado un doble estándar en el sistema judicial bonaerense, con una justicia para ricos con notificaciones ‘express’, y otra para pobres, donde los tiempos de las notificaciones dependerán del escaso presupuesto que la Corte asigne para las y los notificadores”.

Desde esa perspectiva, las medidas profundizan la enorme brecha en el acceso a la Justicia en nuestra provincia, desconociendo las asimetrías económicas y sociales existentes entre los distintos sectores que participan en los procesos judiciales.

Sin embargo, aseguran que no se oponen a la implementación de avances tecnológicos que permitan acelerar los procesos judiciales, tales como las notificaciones instantáneas a domicilios electrónicos. Sino por el contrario, reclaman una participación efectiva en los procesos de diseño de esas transformaciones, para garantizar que su desarrollo se adecue a las necesidades reales de las dependencias judiciales y permita aliviar de manera efectiva la enorme sobrecarga laboral que recae sobre las y los empleados y funcionarios judiciales.