“Tenemos un presidente que desde el día uno habla de la privatización de las jubilaciones y fue uno de los Economistas Jefes de Máxima AFJP, ¿qué podemos pensar que va a hacer?”, cuestionó la diputada provincial y Secretaría Adjunta de SECASFPI, Soledad Alonso, subrayando las similitudes entre las propuestas actuales y las políticas impulsadas en la década de los 90. 

Según trascendió esta semana en comunicaciones oficiales, en un principio, intentarán modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y subir la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, aunque funcionarios del gobierno han declarado que idealmente quieren llegar a los 75, tanto para hombres como mujeres.

Frente a esto, la trabajadora de la ANSES declaró: "Nos quieren subir la edad jubilatoria, aunque solo 1 de cada 10 mujeres puede jubilarse con los aportes realizados, y en paralelo plantean una reforma laboral que permite a los empleadores no registrarlas. Es tan contradictorio que nos lleva a sospechar que hay otras intenciones detrás”. 

En este sentido, recordó la historia de nuestro país. “Recordemos que en 1994 también se subió la edad jubilatoria y se aumentó la cantidad de años de aportes que tenían que tener las personas para jubilarse”, apuntó la trabajadora de la ANSES y aclaró que eso le permitió a las AFJP recaudar más e invertir sin realizar erogaciones por un tiempo. “Pero el problema surgió cuando la gente empezó a cumplir la edad jubilatoria y el dinero invertido ya no estaba disponible porque las ganancias habían sido fugadas o malgastadas, dejando a miles de jubilados en la indigencia”, agregó. 

¿Qué fueron las AFJP? 

Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones eran entidades que podían ser privadas, estatales o mixtas, y se encargaban de gestionar los fondos provenientes de los aportes jubilatorios de los trabajadores que eligieron el régimen de capitalización individual. Este régimen fue establecido por la Ley 24.241 de reforma previsional en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem. El sistema de capitalización individual operaba junto al sistema estatal de reparto, con la meta de transferir gradualmente a todos los trabajadores al sistema de capitalización individual. 

En ese entonces, implicaron un desfinanciamiento del Estado, agravando el déficit fiscal y el posterior endeudamiento externo, y generaron exorbitantes comisiones sin garantizar la cobertura jubilatoria. Luego del estallido social que se generó, el Estado intervino con millones de dólares para que las personas jubiladas pudieran cobrar una pensión mínima. Finalmente, las jubilaciones pasaron nuevamente a formar parte de la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).