Los sindicatos nacionales docentes Ctera y UDA se movilizarán en ocasión de la reunión de los gobernadores en el hotel Savoy, donde los mandatarios debatirán acerca de la paritaria para maestros y profesores. Esa cita tendrá lugar el jueves a las 14 y hasta allí llegarán las columnas de los manifestantes, según confirmaron desde ambas entidades, cumpliendo el prometido plan de lucha.

La confederación a cargo de Sonia Alesso y la unión que lidera el santafesino Sergio Romero, también secretario educativo de la CGT, decidieron lanzar a las calles su reclamo por la paritaria federal. Este último ya fijó que la pretensión para acordar salarios es de un 35%.

A casi un año de que, contra reloj, sellaran la edición 2016 de la negociación federal, los contactos con el Ministerio de Educación a cargo de Esteban Bullrich están a foja cero, sobre todo cuando el funcionario confirmó que la negociación salarial iría "provincia por provincia".

Cambiemos confía en que su aceitada relación con mandatarios provinciales, sean o no de la alianza oficialista, les permitirá el "ahorro" de la discusión de salarios, convenios y condiciones de trabajo que incluyen la negociación con el sector docente, referencia importante para todas las otras paritarias.

Desde ambos sindicatos consideraban incluso que, desde la época donde el kirchnerismo fijó el aumento para sus afiliados por decreto, no se vivía una situación "ríspida" como la actual.

Tanto Ctera como UDA batallaron sin éxito por la reapertura de la negociación salarial edición 2016, la cual, según expresaron Alesso y Romero, sostuvieron que "incluía ese compromiso en las actas que se firmaron". El dirigente que tiene a su cargo la secretaría educativa de la CGT reseñó hace algunos días, tanto en diálogo con este medio como ante el canal C5N, que la no convocatoria de la paritaria "determinaría que se concrete por parte de UDA una denuncia penal al ministro Bullrich" respecto del no cumplimiento de sus obligaciones como funcionario.

En esa ocasión se encargó de recalcar que el 35% era el monto indicado para que se rubricara un acuerdo que el gobierno espera sellar en cada provincia, sin resquicio para ninguna diligencia a nivel federal.