La publicación del decreto 117 en el Boletín Oficial desató el enojo y las críticas del sector industrial y los gremios, primero por no haber sido incluidos en el análisis, según manifestaron las fuentes consultadas, y luego, por advertir que hay componentes sensibles que mantienen el arancel y así agravarían la coyuntura.

El presidente de la cámara Cadieel, Jorge Cavanna, expresó que, en relación con la baja de los aranceles, "nuestra postura siempre fue respetar la voluntad del Ejecutivo, pero es contradictorio pedir inversiones en general y modificar las reglas de juego con las que las empresas habían invertido".

La eliminación del arancel del 35%, prevista a partir de abril, abarca a las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio. En el caso de los componentes, contempla complementos de informática (impresoras, plotters, digitalizadoras) y otros bienes tecnológicos (servidores, partes de LEDs). Este arancel se elimina desde hoy.

"Las familias, las pymes y los emprendedores necesitan computadoras para estudiar, crecer y desarrollarse. El Estado tiene que estar presente para garantizar el acceso a la tecnología y crear más empleo, que es el objetivo central para ir hacia pobreza cero", dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Según un estudio de la Secretaría de Transformación Productiva, en base a información de la consultora Elypsis, hoy una notebook es un 27% más barata que el precio promedio de los primeros cuatro meses de 2016 y un 29% más barata que el precio máximo alcanzado en 2016.

El informe se realizó sobre el precio de 920 modelos de computadoras, con más de 16 mil observaciones, con un promedio de 192 observaciones semanales, desde el 25 de mayo de 2015 hasta el 10 de febrero último.


Reclamo gremial


Desde la UOM habían advertido el impacto de la medida. Pese a las sucesivas reuniones con el gobierno, el secretario general del gremio, Antonio Caló, denunció que "se privilegia el plato de comida de los chinos en vez del de los argentinos".

El reclamo tuvo su pico en el conflicto con Banghó, que despidió a 200 trabajadores, como consecuencia de la política de importaciones del gobierno nacional.