“En los últimos días pudimos ver como varios intendentes plotearon con sus nombres patrulleros y otros bienes del Estado para hacerse su promoción política y en Campana tampoco estuvimos exentos de esto”, explicó Cantlon.
“El hecho de que no existe una norma que regule la publicidad genera ventajas electorales para los oficialismos, que cuentan con espacios publicitarios con pocas restricciones. La comunicación oficial tiende a identificarse más con el partido o la persona en el gobierno que con el Estado como organización impersonal, lo que tiende a incitar uso de los recursos públicos como si fueran parte del patrimonio privado”.
“La publicidad oficial tiene que servir para difundir políticas de Estado, programas o servicios públicos, promover derechos y obligaciones, o tratar de generar ciertos comportamientos en la sociedad. No puede ser utilizada para instalar el nombre de un candidato o de un partido político”.
“La política se tiene que hacer en base a los resultados de la gestión de gobierno, no se puede hacer una política del marketing o del anuncio permanente”.
“El proyecto que preparamos plantea una restricción presupuestaria para el gasto de publicidad del Municipio al 0,7% del presupuesto, que no se pueda utilizar identificación de personas o agrupaciones políticas en las publicidades del Municipio, o que las mismas no tiendan a mejorar o criticar la imagen de alguna persona o agrupación, y que la publicidad se distribuya de manera equitativa y plural”, explicó Cantlon.