La idea de imponerle una alícuota del 17% a la bebida era parte del proyecto original de reforma tributaria el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó a fines de octubre. Pero pocos días después desde el Gobierno anunciaron que la suba se dejaría sin efecto.

Esa marcha atrás tenía que ver con la decisión de anular la imposición de un tributo del 10% al vino, tras una fuerte presión de las provincias productoras, que lograron que el Gobierno aceptara mantenerlo excento.

De esta manera, la desactivación de la suba del impuesto a la cerveza tenía que ver con cumplir con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda que a mayor graduación alcohólica mayor carga tributaria. La graduación del vino en promedio triplica a la cerveza, por lo que no era lógica la diferencia impositiva.

Por eso, la industria cervecera se benefició del lobby de los gobernadores viñateros. No obstante, lo inesperado es que ahora se vería perjudicada por el lobby de las provincias productoras de azúcar y cítricos, que en las últimas horas redoblaron la presión para evitar la suba del impuesto a las gaseosas.

La cuestión es que la suba para la cerveza servirá para compensar la rebaja de las bebidas azucaradas, a las que se les impondrá un gravamen según el volumen de azúcar.