Por primera vez en la historia de Argentina un Presidente de la Nación declara la intención de luchar por reducir las muertes en el tránsito. Y no solo construyendo rutas más seguras, sino promoviendo conductores más seguros con una nueva Ley Penal. Macri ha anunciado que impulsará “un proyecto de Código Penal, que por primera vez introduzca penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo el efecto de las drogas, o superando ampliamente la velocidad permitida”. Lo hizo en el discurso de apertura de las sesiones del Congreso de la Nación.
Este proyecto de los llamados “Delitos contra la Seguridad Vial”, que impulsa Luchemos por la Vida desde hace 10 años, significa transformar aquellas conductas al volante que implican un peligro tan grande para la vida de los terceros, que deben ser sancionadas con la máxima expresión de la repulsa social, convirtiéndolas en un “delito”, las que hoy son simples infracciones o contravenciones.
El delito propuesto –entre otros- en dos oportunidades a los legisladores (y que ni siquiera se molestaron en tratar), consiste en penar con prisión e inhabilitación especial para conducir automotores a quien condujere cualquier tipo de vehículo automotor con una concentración alcohólica igual o superior al doble del máximo tolerado por la ley (0,5 g/l de sangre) o una velocidad superior en 40 km/h a la máxima establecida para dicha autopista, semiautopista, ruta, avenida o calle.
Estos delitos ya existen en los países exitosos en su lucha contra las muertes en el tránsito, pudiendo mencionarse el caso cercano de España, vigentes desde hace varios años, y estimándose su implementación una contribución muy importante a la reducción de las muertes en ese país.
Estamos hablando de “delitos”, y no de una simple infracción o contravención, de las cuales la experiencia cotidiana muestra que es fácil escapar con total impunidad.
El transformar estas conductas de altísimo riesgo para las vidas de todos en un delito,  de inmediata vigencia en todo el territorio nacional, y que puede significar al responsable la pérdida de su libertad, transformándose en un simple  “delincuente”, con la condena social que ello implica, será un avance imprescindible para salvar muchas vidas, que debemos incorporar con urgencia a nuestra legislación penal.

Debemos actuar antes de que los potenciales homicidas del tránsito lleguen a matar.