Tras desaprobar la Rendición de Cuentas en la última sesión del HCD, Concejales del PJ-Unidad Ciudadana denunciaron públicamente distintas irregularidades que generan dudas sobre las cuentas del Estado Local. “El gobierno de Abella asignó obras por más de 800 millones de pesos, sin licitación alguna, a unas pocas empresas que ni siquiera son de nuestra Ciudad”, sostuvieron.

La no aprobación de la Rendición de Cuentas 2017 del Municipio, presentada en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, estuvo acompañada por numerosas denuncias sobre irregularidades en la administración municipal, por parte del bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana.

“Son demasiadas las irregularidades y los incumplimientos de los procedimientos de compras y contrataciones son sin dudas lo más objetable” señaló la Concejal Romina Carrizo. Recortes presupuestarios en sectores sensibles, endeudamiento y déficit fueron los principales blancos críticos de la bancada opositora. “Hubo un ajuste en los presupuestos de salud, educación y desarrollo social, de un 5% desde 2016. Esto va en contra de la necesidad de atención en la salud pública, en un contexto de aumento de la desocupación, y de la inclusión educativa, tan necesaria para luchar contra la deserción escolar y para posibilitar la inclusión laboral”.

“Por otro lado, la Municipalidad arrancó el año con 42,5 millones de pesos de deuda con proveedores” sostuvo la edil, señalando que con una recaudación de $ 1663 millones, hubo gastos por $ 1652 millones. “Con una deuda es de $ 53,5 millones, le quedan al Municipio 42,5 millones de déficit” agregó.

Sin embargo, para la integrante del bloque peronista y sus compañeros, existen muchas dudas sobre la transparencia en la adjudicación de obras. “El gobierno de Abella asignó obras por más de 800 millones de pesos, sin licitación alguna, a unas pocas empresas que ni siquiera son de nuestra Ciudad, de forma que los recursos de Campana, no quedan en la ciudad. Todas fueron inscriptas en el registro de proveedores municipales después de asumido este gobierno. Al igual que los funcionarios que las contrataron, casi ninguna tiene domicilio en Campana. Todas vienen de CABA u otros distritos gobernados como el macrismo, como Vicente López. Y para colmo, todas solicitan anticipos del 20% para comenzar la obra y son beneficiadas con sendas ampliaciones presupuestarias, pese a que los trabajos muchas veces no avanzan, incumpliendo los plazos de obra o son abandonados sin concluir”.


Por su parte, la Presidenta del bloque, Soledad Calle, opinó que “el Gobierno Municipal le debe muchas explicaciones a los vecinos. Porque todas estas situaciones generan dudas en la Comunidad, y esto exige que se les detalle a los vecinos por qué contrataron a estas firmas, por qué pagaron lo que pagaron, y bajo qué condiciones. Se trata del dinero de la gente, que con mucho esfuerzo paga sus tasas e impuestos para verlos traducidos en obras que mejoren su vida, y no en beneficiar empresas foráneas”.

La edil hizo foco en la situación de la empresa Prisma Construcciones S.R.L, la cual estaría vinculada a un familiar del Intendente Municipal. “A esta empresa se le otorgó el 56% de las obras de fondo educativo, por 31 millones de pesos en 2017, a través de contrataciones directas, como sólo ocurre con la Secretaria de Descentralización de la Ciudad de Bs. As. Casualmente, Sergio Constantino, cuñado del Intendente Abella, estuvo a cargo de dicha Secretaria porteña hasta el 2017. De alguna manera, vemos que a la empresa PRISMA la contratan solo dos funcionarios públicos: Sebastián Abella y Sergio Constantino. Sin dudas tienen mucho que explicar".

La investigación iniciada por los Concejales, se originó al ver un móvil de la empresa estacionado en la Av. Rocca, frente al Centro de Atención al Contribuyente, donde funciona la Secretaría de Economía. “Cuando pedimos los expedientes se nos ocultaron, y de repente, la información de la página web de la empresa desapareció” concluyó Calle.

Finalmente, el Concejal Rubén Romano señaló que “al eludir sistemáticamente los procesos legales de contratación, como son las licitaciones públicas, no solo generan dudas respecto a la transparencia. Tampoco son efectivos a la hora de la concreción de las obras, que son en definitiva, lo que más le importa a la gente porque los afecta en lo cotidiano. En nuestras recorridas por los barrios, el malestar de los vecinos se hace notorio. Por ejemplo, en  Otamendi se adjudicaron en 2016 y se encuentran en total estado de abandono. En San Felipe están inconclusas y se incumplieron todos los plazos de ejecución.  Mientras que en San Cayetano tampoco se terminaron los trabajos, taparon con tierra los túneles que detienen el agua de la Cuenca, donde los vecinos piden compuertas, y por donde ingresó agua en la última inundación” finalizó Romano.

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