Todavía resuenan los gritos en el primer piso del Palacio Municipal, cuando la sesión deliberativa del último Jueves se vio abruptamente interrumpida luego de las denuncias por insultos y agresiones propinadas por un grupo de sujetos quienes serían empleados municipales y además, estarían vinculados a Cambiemos, contra los concejales de la oposición.

En este sentido, desde el bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana atribuyeron responsabilidades y exigieron terminar con este tipo de intimidaciones: “Abella y Roses son responsables y deben poner freno a la patota de Cambiemos” sostuvo Osvaldo Fraticelli, quien agregó: “tanto nuestro bloque como el FR y la UV decidimos retirarnos ya que no podíamos seguir sesionando mientras nos agredían, ante la inacción del Presidente del Cuerpo, la presencia de dirigentes del macrismo local quienes indican cuándo y cómo agredir a concejales opositores, y la violenta arenga del Presidente del bloque Cambiemos, Carlos Cazador, quien de alguna manera habilitó a los violentos a insultarnos”.

Por su parte, la Presidenta del bloque, Soledad Calle,  dijo que “tristemente desde el oficialismo intentaron comparar lo ocurrido este Jueves con los reclamos de los trabajadores despedidos de Atucha. Pero existe una clara diferencia cuando se trata de empleados municipales quienes las ejecutan. Es decir, son personas pagas por el Municipio, supuestos servidores públicos que atentan contra los representantes del pueblo. Tanto el Intendente como el Presidente del Concejo son responsables por avalar estas actitudes mafiosas, encubriendo a funcionarios y concejales que organizan la violencia con barrabravas y homicidas”.

Finalmente, desde el bloque resaltaron “la necesidad de poner un límite a esta situación, que lamentablemente se sucede sesión tras sesión. Lejos de intimidarnos o de sentirnos amedrentados, exigimos que se tomen medidas conducentes para que quienes integran la patota municipal cesen en el uso de todo tipo de violencia contra los referentes de la oposición” concluyeron, al tiempo que difundieron imágenes de los presuntos agresores durante otras situaciones similares, que tuvieron lugar en el propio recinto deliberativo.