Los beneficiarios de pensiones por discapacidad podrían encontrarse con dificultades para el cobro de las mismas, al sumarse nuevas exigencias que impedirían el acceso al beneficio. El bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana trabajan junto a profesionales de los equipos técnicos ciudadanos informando y asesorando a los vecinos sobre esta cuestión.

Según explicó la concejal Romina Carrizo, "el gobierno ordenó dar de baja a quienes presenten una incompatibilidad respecto a las pensiones no contributivas por invalidez, aprobando un circuito que implica la posibilidad de descargo y defensa dentro de 10 días de notificada la causa, generando la restricción del beneficio".

Los concejales analizaron la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se informa que "mediante la Disposición Nº 217/2018 de esta Agencia Nacional de Discapacidad, se aprobó el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto Nº 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez. "Lamentablemente la reducción del déficit tan querida por el gobierno comienza irrazonablemente por los más vulnerables y quienes más necesitan el auxilio del Estado, ante un clima de aumento insostenible de precios. Vemos como quienes más prestaciones necesitan de toda índole, son los más perjudicados. Hay mucha insensibilidad y falta de equilibrio".

Para el Gobierno, ahora los requisitos para la prestación por discapacidad son No percibir (ni el beneficiario ni su cónyuge) ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Acreditar que su capacidad laboral representa una disminución del 76% o más. No estar empleado bajo relación de dependencia. No tener bienes, ingresos ni recursos que permitan tu subsistencia o la de tu grupo familiar. No tener parientes obligados legalmente a proporcionarte alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo, entre otros. “Sin embargo, muchos vecinos cuentan con estos requisitos y están en regla, pero se les ha restringido el cobro. Y mientras aclaran la situación, con las incomodidades que ello genera, dejan de cobrar y pierden el beneficio” aseguran.

No obstante, la Concejal Soledad Calle resaltó: “Tenemos un gobierno quitando derechos en los ámbitos donde el Estado debe estar mucho más presente. Se desmantela ferozmente el estado de bienestar, y así es como calefaccionarse pasa a ser un lujo, ir a la universidad un privilegio y percibir un sueldo digno es casi un sueño. Esta nueva medida, retrasa decenas de años en materia de seguridad social y en lugar de proteger a la persona con discapacidad, la condena y la culpa por su dificultad de insertarse en el mercado laboral”.

Por último, el Concejal Rubén Romano expresó: “Se promueve desde el propio Estado un sistema de descarte, donde el que no aporta no percibe, se destroza el criterio de solidaridad que hizo del sistema previsional argentino el mejor del Continente Americano durante la última década, y que hoy retrocede al peligrar el pago de pensiones por discapacidad. Estamos ante un Gobierno insensible que no representa las necesidades de la gente, y ha cambiado la igualdad de oportunidades por más exclusión".

El Concejal y máximo referente de Unidad Ciudadana en Campana, aseguró que “tanto el bloque de Concejales como todos los equipos técnicos de nuestro espacio están a disposición de los vecinos, para ayudarlos y atentos a las necesidades de quienes resulten afectados. Vamos a colaborar en la información y asesoramiento de aquellos que deban concurrir a las oficinas de Anses para realizar el reclamo correspondiente, y así no sufrir inconvenientes con el cobro" agregó.
 
Y para finalizar, cuestionó: “¿Qué sociedad estamos construyendo si abandonamos a su buena suerte a quienes más necesitan? Los valores que promueve Macri son muy peligros. Por eso debemos estar unidos y ya comenzar a pensar y proponer la reconstrucción del estado de bienestar en la Argentina”.