A través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno nacional resolvió este martes suspender por 180 días los cortes de aquellos servicios públicos en los domicilios que tengan tres facturas consecutivas impagas. Es decir, durante seis meses, y a raíz de la Pandemia de Coronavirus que afecta nuestro País, las empresas prestadoras de dichos servicios deberán garantizarlos, aunque no se registren pagos.

“Es realmente muy importante la determinación que ha tomado el Presidente Alberto Fernández, y que va en línea con otra batería de medidas que buscan ayudar a los vecinos durante la cuarentena que nos mantiene aislados, y que impide el normal desempeño de las actividades comerciales y laborales. Pero queremos destacar que las familias no sufrirán el corte de sus servicios básicos  durante los próximos seis meses” aseguró la Presidenta del bloque Frente de Todos-PJ, Sol Calle.

La edil explicó que “los servicios básicos alcanzados por la medida son la luz, el gas, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. La norma también congela por 180 días el precio del gas en garrafas. Serán alcanzados por el beneficio las familias receptoras de la AUH y asignación por embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas con ingreso mensual no superior a dos salarios mínimos; monotributistas sociales, jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta no superior a dos salarios mínimos”. El Decreto también alcanza a monotributistas inscriptos en una categoría cuyo tope no supere los dos salarios mínimos, personas que cobren seguros de desempleo, electrodependientes y trabajadores de casas de familia.

Por su parte, el Concejal Marco Collela también resaltó el estímulo previsto para Pymes y Cooperativas. “Mientras se trabaja en incentivos económicos para aquellas empresas que vean comprometida su situación dado el parate de actividades obligado, la decisión del Gobierno ha sido también resguardarlos de cortes de servicio por seis meses, incluyendo así a microempresas, cooperativas de trabajo, instituciones de salud pública y privada afectadas por la emergencia y otras entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria”.

“Esta serie de medidas quiere garantizar desde un principio un ingreso mínimo a los grupos sociales más expuestos, y ahora incorpora el acceso a los servicios básicos aun en caso de imposibilidad de pago de los mismos durante los próximos meses” agregó el edil.