Durante la sesión pasada, la concejal Romina Carrizo del bloque PJ-Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza para que existan, previo a la radicación de industrias de tercera categoría o modificación y/o ampliaciones de los procesos productivos de las existentes, audiencias públicas ambientales de forma obligatoria como requisito para que sean o no habilitadas a realizar sus actividades en nuestra ciudad.

La presentación surgió tras haber mantenido reuniones con asociaciones ambientales y jóvenes organizados en la temática. “Vivimos en una ciudad donde debemos velar por el equilibrio entre el ambiente y el trabajo. Por eso es muy importante que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad estén informados de los impactos de los procesos industriales en nuestro entorno” sostuvo la edil.

Carrizo remarcó que “la Constitución Nacional y la ley general de ambiente refieren al acceso a la información ambiental como un derecho de las y los ciudadanos, y es hora que las autoridades locales lo hagan realidad, frente a la preocupación de los campanenses ante cada modificación que realizan las empresas existentes, al igual que ante el anuncio de nuevas radicaciones”.

Al respecto, aclaró que “no se trata de poner barreras al desarrollo sino de acompañar el mismo, cuidando y respetando las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”. “La semana pasada quienes integramos la Comisión de Salud y Medio Ambiente del HCD recibimos a representantes de la asamblea ambiental por el caso Landnort, una empresa que en estos momentos pretende mudarse a otro sector de nuestra ciudad, iniciando movimientos de suelos sin que podamos conocer el informe de impacto ambiental, ni el permiso local que los autorice”.

Y luego agregó: “Es sumamente raro que una industria comience con obras en nuestra ciudad, y el Ejecutivo Municipal se desligó del tema al expresar que es responsabilidad de la provincia, cuando el Municipio es quien en realidad puede y debe decidir si permite o no determinado tipo de industrias, como ocurrió cuando en algún momento se le dijo no al Ceamse”. Respecto a Landnort, puntualmente, dijo que “las obras avanzan sin ninguna habilitación de la Municipalidad ni del OPDS. Una vecina del Morejón (que es damnificada directa) envió una carta a través de la ASAC (Asamblea Socio Ambiental Campana) solicitando información sobre ésta instalación. Considero que una audiencia pública resolvería esta necesidad, y además, participaría por igual al resto de los vecinos involucrados”.

La Concejal volvió a poner en relieve la importancia de las audiencias públicas previo a la emisión de una autorización de emplazamiento de una industria de tercera categoría. “Es hacer cumplir el mandato constitucional, como ya se realiza en otras ciudades, y brindar transparencia y seguridad respecto a las medidas mitigatorias de los impactos negativos que pueden ser adecuación y gestión de residuos, barreras forestales, tratamientos de efluentes, emisiones y rehabilitación y restauración del medio afectado, como reforestación o remediación de suelo”.

“Otra cuestión que la ciudadanía debe saber y que las audiencias públicas lo posibilitan” continuó diciendo, “es cuando se produce un daño irreparable, el responsable tiene el deber y la obligación de compensar el impacto proveyéndole a la ciudad recursos o ecosistemas sustitutos, ya sean a través de cesión de tierras u obras de infraestructura de valor comunitario”.

Para finalizar, la edil manifestó: "tenemos el deber de cuidar nuestra casa común, el ambiente, garantizando posibilidades de desarrollo pero que no solo satisfagan las necesidades presentes sino también las de las generaciones futuras”.