"En nuestro espacio diseñamos y evaluamos políticas sociales con perspectiva de derechos humanos, comprendiendo las necesidades de las familias como derechos básicos y universales, los que, cuando no pueden ser solventados por la generación de condiciones dignas de trabajo, necesitan de la instrumentación de recursos estatales para promover y proteger esos derechos, entre los cuales está la asistencia", inició Mireya Ribas Medal, secretaria de Inclusión del Frente Grande de Campana.

"Asimismo, - añadió - sostenemos que toda política que pretenda ser social debe diseñarse pensando en las distintas dimensiones que presentan las necesidades de las familias; esto es: biológicas, simbólicas, culturales y sociales, cuya satisfacción impacta directamente en el acceso a sus derechos".

Por ello, explicaron, cuestionan los programas "de corte netamente asistencialista implementados desde la gestión municipal" y señalaron que estos "parecen limitarse a acercar a las llamadas "familias en situación de vulnerabilidad" bolsones con alimentos, pidiéndose incluso a la población que colabore de manera voluntaria con esa labor que es, en primera y última instancia, responsabilidad del Estado. Esta situación transforma la asistencia en un mero asistencialismo o caridad".

"Las políticas sociales son un apartado especial en el marco general de las políticas públicas, es decir: aquellas que provienen del Estado. Su fin es responder a problemas sociales que afectan el desarrollo de la vida cotidiana de las familias en su conjunto y su promulgación ubica a la gestión estatal en un lugar muy distinto al de la caridad, explicó Rivas Medal al tiempo que añadió "La forma de enunciar esas políticas construye un sujeto. Si las enunciamos desde una perspectiva caritativa o benefactora, quien recibe la ayuda no es un sujeto, sino un objeto a quien se le entrega algo que necesita. En cambio, si las enunciamos desde la perspectiva de los derechos humanos, asumimos que los sujetos integrantes de la sociedad en su conjunto tenemos derecho a acceder, de manera igualitaria, a los bienes y servicios que ella pone a disposición para que la vida sea considerada digna".

"En Campana asistimos a un estado municipal que construye un sujeto que, lejos de constituirse con derechos, es objeto de asistencia y beneficencia. Lejos de plantear la promoción y protección de derechos básicos universales (alimentación, salud, cultura y educación, tierra y vivienda, generación de trabajo digno,) para todas las familias campanenses, desde el municipio se diseñan parches disfrazados de "solidaridad", que convierten a dichas familias en simples objetos que reciben una "ayuda" descontextualizada, que impide ver las variables micro y macrosociales que han generado su emergencia".

En ese sentido también desarrolló porque es cuestionable que se refieran a "familias en situación de vulnerabilidad" ya que 

"esta apreciación no trasciende ni alude a las verdaderas causas, contextuales y estructurales, que producen tales vulneraciones, como la desocupación y la falta de empleo".

Al mismo tiempo, comentó que "No es la pandemia la que ha significado para muchas familias su empobrecimiento, pérdida de valor adquisitivo del salario o directamente la pérdida del empleo. En todo caso, la pandemia ha agravado  y profundizado lo que las políticas macristas iniciaron desde diciembre de 2015. Nos referimos a procesos lamentablemente muy conocidos en Argentina, como por ejemplo, las devaluaciones que impactan directamente en el bolsillo del ciudadano común, el endeudamiento millonario y la fuga de esas divisas, por mencionar solo algunas de las variables macroeconómicas".

"La situación de vulnerabilidad no puede ser desvinculada de los hechos sociales que la han ocasionado o profundizado. Cuando esto es así, como lo muestran las políticas de la actual gestión municipal, se producen prácticas caritativas que incluso incorporan el voluntarismo de vecinos que "colaboran" para que un programa planteado como política social solvente las necesidades de los más desprotegidos. Una política social enunciada de esta manera no sólo disfraza de intervención una mera actitud aparente, sino que profundiza la vulneración de las familias con necesidades insatisfechas. Y, para colmo, dejando entrever que los recursos municipales se deben complementar con aportaciones de corte individual".

Para concluir manifestaron "Desde el Frente Grande afirmamos que la perspectiva de derechos (considerando a las necesidades básicas como derechos humanos) proporciona alternativas de alcanzar un horizonte superador de la situación actual, a fin de ubicarnos no en la simple ayuda caritativa sino en una asistencia como la actual, necesaria, a la que se tiene derecho, además de la promoción de una mayor igualdad, solidaridad, justicia y menor exclusión".