En el pedido de nulidad, fundado en numerosos argumentos, como el del mismo límite de velocidad a 60 km por hora, la inexistencia de señalización correctamente ubicada y el ineficiente sistema de notificación de las infracciones que ocasionaron que contribuyentes se enteren muchos meses después de la acumulación de varias sanciones; el concejal del Frente para la Victoria adjuntó además una resolución de su autoría, aprobada por unanimidad por todos los bloques políticos del Concejo Deliberante local en apoyo al reclamo.
Ante la demora en la solución, producto del silencio de las autoridades de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, el concejal volvió a reunirse con el expediente y sus responsables de la Defensoría. Al respecto decía Trujillo: "Es ofensivo el silencio de las autoridades provinciales. No responden a las más mínimas requisitorias que se hacen en el expediente. Y para colmo, intiman a los contribuyentes a pagar estas multas abusivas para poder hacer trámites como la renovación del carnet de conducir o los trámites de transferencia de los automóviles. Sin sentencia firme de ningún tipo, sin siquiera haber sido notificados correctamente. Y cuando se acumulan varias infracciones, la condena es prácticamente confiscatoria. Quiero transmitir a la población que seguiremos el reclamo, con una intervención además en la que solicitaremos que quede claro que no es correcta además esta pretensión abusiva. Van a tener que anular las multas y devolver el dinero cobrado indebidamente".
En el mismo sentido, el problema de fondo sigue sin resolverse aún, porque las cámaras siguen estando emplazadas en el mismo lugar, han sido protegidas por posibles actos vandálicos y se han colocado nuevos carteles. Sobre esto opinaba Trujillo: "En vez de responder a los vecinos, avanzan en su pretensión. Y si más vergonzoso podía ser el panorama, retiraron los reductores de velocidad que había en el lugar, en lo que se constituye en una verdadera burla. Esperamos que la acción del Defensor del Pueblo Provincial  nos permita hacer frente con éxito a esta injusticia. No estamos en desacuerdo en que exista un sistema de registro objetivo de las infracciones, pero ésta no es de ninguna manera la mejor forma de modificar inconductas de tránsito".