La diputada Alonso había sido una de los pocos referentes en la región que impulsó con acciones concretas el desarrollo del cannabis medicinal para otorgarle a pacientes con padecimientos crónicos la opción de un tratamiento alternativo y seguro. De hecho, en el segundo semestre de 2020 moderó un conversatorio virtual del que participaron otros legisladores bonaerenses y más de un centenar de personas.

"Como legisladora y como madre quiero expresar mi alegría y orgullo por la sanción de esta esperada ley, que busca mejorar la calidad de vida. El derecho a la salud es un derecho humano que se encuentra por sobre cualquier legislación mundial. Y se sabe que los aceites derivados del cannabis tratan más de 45 patologías que la medicina tradicional no pudo resolver”, comentó Alonso.

Y añadió: “Es fundamental y trascendente para nuestros vecinos y vecinas que el gobierno nacional garantice, como se realiza con cualquier otro medicamento, que puedan acceder al cannabis y sus derivados para uso medicinal y dejen de ser criminalizados”.

"Era muy injusto que por necesidad y falta de regulación se haya montado un mercado negro donde no existe garantía de calidad del producto afectado nada más y nada menos que a la salud. A partir de ahora, el acceso al cannabis y sus derivados va a ser más amplío y habrá mayor competencia para fomentar la calidad y precios accesibles, todo bajo un marco normativo administrado por el Estado”, manifestó.

Por otro lado, la legisladora destacó que las inversiones que atraerá este sector con la nueva ley “generarán muchos puestos de trabajo”, debido a que "en el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas" y que "se trata de una industria sustentable con el ambiente".

"Además, es una gran oportunidad para Argentina, ya que aporta divisas y genera puestos de trabajo en todas las regiones de nuestro país. Se calcula que puede generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales", completó.

En su articulado, el proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.