El documento que ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados propone modificar el segundo párrafo del artículo 149 bis del Código para que quede establecido: “Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, se hiciere uso de amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de cuatro a seis años”.

En el caso de que quienes utilicen esto de manera coercitiva y sean funcionarios públicos, la norma establecería “inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”.

El proyecto de ley también busca modificar el artículo 168 del Código Penal y pide cambiarlo por uno que diga que será reprimido “con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”

Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, “obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito”. Y profundiza: “Si para obligar a entregar, enviar, depositar, transferir o poner a disposición de otro, cosas, dinero o bienes, se hiciere uso de falsa orden o amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de seis a doce años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”.

Para el bloque de la CC, el incremento de los alcances de los planes está generando estas distorsiones de su idea original. Por lo menos así lo dice en los fundamentos del proyecto de ley cuando señala que “es público y notorio que muchas personas en estado de necesidad, son obligadas a hacer determinadas acciones o a entregar parte del dinero público que reciben de los planes sociales a dirigentes de las organizaciones”.

El texto hace referencia a las denuncias en los medios de comunicación al respecto en las ultimas movilizaciones de los movimientos piqueteros y sociales. Pero desde el partido fundado por Carrió señalan que la intención no es “criminalizar el ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades o del ejercicio de la política partidaria, o desincentivando el trabajo social de muchos voluntarios que con admirable entrega muchas veces sustituyen al Estado en lugares a los que lamentablemente, no llega como debiera; sino de proteger a las víctimas más vulnerables de nuestro entramado social y evitar que los más necesitados sean utilizados por personas que abusan de su posición de poder, violando su dignidad, su derecho a la libertad, e incluso, de propiedad”.

En el año 2002 los planes sociales ascendían en la Argentina a 1,6 millones. Veinte años más tarde, en 2022, el número asciende a 12,12 millones (según los datos del bloque tomando en cuenta los planes Potenciar inclusión joven, Argentina hace, Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, Hacemos Futuro, Progresar Argentina, entre otros) “con un aumento del 657,5%, aunque cabe aclarar que una persona puede estar cobrando más de un beneficio, debido a la superposición de planes entre las distintas reparticiones”.