Ante la preocupación por la emergencia en discapacidad por la falta de pago de las obras sociales y del recorte de presupuesto en el área del Gobierno Nacional, la concejal de Juntos Karina Sala impulsó un proyecto de resolución solicitando a la Superintendencia de Servicios de Salud que arbitre los medios necesarios para regularizar esta situación.

Por ello, la edil junto al presidente del bloque Alejandro Barja y la directora de Discapacidad del Municipio, Margara Pons, se reunieron con la responsable de APID, Mariela Barberis y trabajadoras independientes del área para escuchar la problemática que atraviesan de primera mano.

Según manifestaron los prestadores, esta es una realidad afecta a todos los actores involucrados: a quienes trabajan con personas con discapacidad y a las familias que necesitan de sus servicios.

Este encuentro se dio en el marco de las movilizaciones que, en todo el país se realizan hasta el miércoles inclusive tras el corte abrupto de la cadena de pagos a los centros y a los profesionales que atienden a personas con discapacidad, debido al recorte de $10.000 millones que el Gobierno Nacional realizó a la salud que perjudican a las partidas que se utilizan para pagar las prestaciones.

“Se trata de un nuevo atropello de las autoridades nacionales a la dignidad y a los derechos de las personas con discapacidad que necesitan ser atendidos por profesionales”, indicaron los ediles al remarcar la importancia de que el Estado realice el pago de los aranceles adeudados a los prestadores y no corte la cadena de pagos.