A pesar de divisiones partidistas, el respaldo mayoritario incluyó a sectores libertarios y de izquierda. Alonso enfatizó el respaldo del Ministro de Trabajo y varios gremios, destacando que la iniciativa aporta "justicia y sentido común" al equilibrar disputas entre trabajadores y empresarios.

“A la única persona que le sirve la mal llamada ‘industria del juicio’ es a los empresarios. Al momento de que a uno lo despiden, el abogado laboralista termina aconsejando que termine aceptando el arreglo debido a las demoras de los plazos de los juicios laborales”, señaló Alonso y agregó: “Durante los 4 o 5 años que el empresario no pagó, puede poner ese dinero en una tasa activa y después saca esa plata que le había dado rédito económico para pagarle al trabajador en tasa pasiva. El empresario pudo capitalizar un gran interés”.

El dictamen de aprobación destaca que los procesos judiciales acarrean un largo plazo de litigio, aumentando la dependencia de la tasa de interés en el cobro de las indemnizaciones.

Se señala que la tasa pasiva actual produce un daño en los derechos patrimoniales de los trabajadores debido a la desvalorización del dinero y la realidad económica.