El debate sobre el futuro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se intensifica tras la decisión del gobierno de Javier Milei de evaluar el cierre de diversos organismos estatales. La medida genera preocupación en sectores vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, quienes advierten que suprimir la agencia representaría un grave retroceso en materia de inclusión social y acceso a derechos básicos.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad han manifestado su rechazo a la iniciativa y remarcaron que la ANDIS, a pesar de sus altibajos en las diferentes administraciones, ha sido un espacio fundamental para garantizar políticas públicas en favor del sector. "No podemos olvidar jamás que para el reconocimiento de estas personas como miembros plenos de la sociedad es necesario que existan organismos específicos que garanticen su acceso a derechos y fomenten su integración", expresaron desde la entidad.

El concejal de Unión por la Patria, Leo Midón, también se pronunció al respecto y criticó las medidas que afectan a este sector. "Las políticas en discapacidad no son nuevas ni un invento de la ‘casta’, como algunos pretenden señalar. Hace décadas que se trabaja en la conquista de derechos para las personas con discapacidad y en la creación de espacios que les permitan vivir con dignidad", sostuvo el edil.

Según datos oficiales, desde la asunción del nuevo gobierno se han dado de baja 177.000 pensiones por discapacidad, una cifra que generó alarma en la comunidad. “Además, se han implementado ajustes en los recursos destinados a prestaciones esenciales, lo que pone en riesgo la continuidad de muchos servicios fundamentales para este sector de la población” afirmó el edil.

Otro punto cuestionado es la decisión de trasladar la ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud, reeditando una visión médica de la discapacidad que muchos sectores consideran obsoleta. "Desde hace tiempo entendíamos que se había dejado de concebir a las personas con discapacidad como enfermos. Sin embargo, este gobierno parece insistir en esa mirada reduccionista", agregó Midón.

Organizaciones sociales y referentes del sector coinciden en que cerrar la ANDIS significaría un retroceso en la construcción de una sociedad más inclusiva. Los resultados de la última Encuesta Nacional de Discapacidad dan cuenta que la población con discapacidad representa el 7,1 por ciento de la población total que vive en localidades de 5.000 habitantes y más en nuestro País.