Ante este escenario, la diputada provincial Soledad Alonso presentó un Proyecto de Declaración D-2473, en repudio al cierre de la fábrica —que funcionaba en Campana desde 2013— y al incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La medida empresarial se enmarca en las políticas del gobierno de Javier Milei, caracterizadas por la apertura indiscriminada de importaciones y la flexibilización laboral, que generan un escenario adverso para la producción nacional y el empleo. En ese marco, Simpa S.A. ya había manifestado su decisión de importar motocicletas terminadas desde Austria e India, priorizando la rentabilidad por encima del trabajo argentino. El vaciamiento de la planta comenzó el 8 de septiembre. Desde entonces se produjeron despidos —incluso de personal jerárquico— y se intenta forzar a los trabajadores a aceptar indemnizaciones muy por debajo de lo que corresponde. El impacto alcanza también a los trabajadores tercerizados de las empresas de limpieza Tefaub y de seguridad Quality Check, que dejaron de funcionar desde esa misma fecha, sumando más familias a la incertidumbre. “En un contexto de creciente desempleo, con una reinserción laboral muy limitada, su conducta se orienta a dilatar los tiempos y forzar a los trabajadores a aceptar indemnizaciones muy por debajo de lo que corresponde. Es una clara práctica abusiva que vulnera derechos consagrados”, señaló Alonso. En este contexto, la actitud del intendente de Campana resulta inadmisible. Sebastián Abella, representante local del modelo de Javier Milei y con vínculos comerciales con el grupo empresario, eligió no pronunciarse frente al cierre de una planta que durante más de una década generó empleo en su ciudad. Su silencio expresa una decisión política: ponerse del lado de los intereses empresariales antes que defender el trabajo y la dignidad de los vecinos y vecinas de Campana. Resulta más grave aún si se recuerda que, años atrás, Abella estuvo presente y festejó las inversiones en esta misma empresa, provenientes de un gobierno peronista que buscaban mejorar la producción. Hoy, en cambio, cuando el gobierno de su propio espacio político desfinancia, cierra fábricas y deja familias en la calle, elige esconderse y callar. “No podemos permanecer indiferentes frente a este atropello a los derechos laborales y a la dignidad de las familias trabajadoras. Detrás de cada despido hay una familia que sufre y una comunidad que se debilita”, afirmó Alonso.