La iniciativa libertaria, que incluye 109 artículos, altera la base misma de la relación laboral en la Argentina. Entre los puntos principales, propone reducir las indemnizaciones eliminando del cálculo bonos y pagos extraordinarios, lo que hace que el monto final sea más bajo. También busca limitar la antigüedad reconocida, fijando un tope máximo de diez años, por lo que quienes hayan trabajado más tiempo perderán ese reconocimiento.
El proyecto permitiría, además, que una parte del salario se pague mediante los llamados “tickets canasta”, es decir, que los trabajadores cobren parte de su sueldo en especie. También habla de “banco de horas” que evita que el empleador pague horas extras, habilita jornadas laborales de hasta 12 horas lo que trae incertidumbre, imposibilidad de organizar la vida personal, el tiempo de esparcimiento y las tareas de cuidado.
Como si eso fuera poco, modifica las reglas sobre el descanso y las vacaciones: ya no podrían tomarse de forma continua, sino que el empleador tendría la posibilidad de fraccionarlas y otorgarlas en cualquier momento del año, dependiendo su conveniencia con respecto a su productividad.
“Nos quieren hacer creer que esta ley no afecta a los contratos actuales, pero eso es falso. Si se aplica, perjudica a todos: a los que ya están trabajando y a los que entren en un futuro. Cada punto del proyecto significa menos estabilidad, menos previsibilidad y menos derechos”, advirtió Alonso.
La legisladora señaló que estas medidas también debilitan el poder colectivo de los trabajadores. Al promover negociaciones por empresa y eliminar la vigencia de los convenios colectivos, el Gobierno busca romper la organización sindical y dejar al trabajador negociando solo frente a las patronales.
Entre otros aspectos, el texto también contempla la creación de un Fondo de Cese Laboral —que traslada a cada trabajador el costo de su propia indemnización—, el pago de indemnizaciones en cuotas y la reducción de la protección ante despidos. También modifica los plazos de licencia por enfermedad, reduciendo la estabilidad en casos prolongados y debilitando la cobertura frente a despidos por motivos de salud. Durante esos períodos, incluso, los trabajadores percibirían una remuneración menor según la antigüedad.
“Cuando tocan el trabajo, tocan la vida entera: el tiempo, el descanso, la familia y la posibilidad de planear un futuro. La discusión de fondo es política y social. Nuestra Constitución lo dice muy claro: los derechos tienen que ser progresivos y no regresivos. Este proyecto es totalmente inconstitucional”, concluyó Alonso