Tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires existen proyectos presentados por legisladores de diferentes bloques políticos para prevenir el sobreendeudamiento, generar mecanismos de alivio y refinanciación, proteger a los consumidores y encontrar respuestas para las familias que ya no pueden afrontar sus compromisos sin poner en riesgo su propia subsistencia.

Que existan iniciativas provenientes de distintos espacios políticos demuestra que estamos frente a una problemática que atraviesa a nuestra sociedad y que requiere ser discutida por el Estado.

Frente a esa realidad, el presidente Javier Milei eligió otra mirada: cuando fue consultado por el crecimiento de la morosidad sostuvo que se trata de “un problema entre privados”. Y ante la situación de quienes tomaron créditos que hoy no pueden pagar preguntó: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”

Ahí aparece una diferencia profunda sobre cómo entendemos la sociedad y cuál creemos que debe ser el papel del Estado. Porque un contrato puede celebrarse entre privados. Pero cuando millones de personas atraviesan simultáneamente dificultades para pagar sus deudas, cuando trabajadores se endeudan para comprar alimentos, cuando jubilados financian medicamentos, cuando una familia utiliza la tarjeta para pagar servicios y cuando alguien toma un préstamo para cancelar otro préstamo, ya no estamos solamente frente a una sucesión de decisiones individuales, estamos frente a un fenómeno económico y social.

Y mucho menos puede hablarse simplemente de decisiones libres entre partes iguales cuando quien necesita dinero desesperadamente negocia desde una posición de enorme vulnerabilidad.

La pregunta no debería ser si alguien le puso literalmente una pistola en la cabeza a una persona para endeudarse, más bien la pregunta es ¿quién es que a través de su política económica está poniendo una pistola en la cabeza a la gente y empujándola a endeudarse?

¿Qué margen real de elección tiene una familia cuando el salario se terminó y todavía quedan alimentos por comprar, medicamentos que pagar, una factura que vence o un alquiler que afrontar?

Por eso sostengo que el Estado no puede mirar para otro lado.

Y existe además una realidad todavía más grave, muchas veces invisible en las estadísticas, hay personas que, por sus bajos ingresos, por trabajar en la informalidad, por no tener antecedentes crediticios o porque ya acumulan otras deudas, no consiguen acceder a un préstamo bancario ni tampoco al financiamiento de las fintech y billeteras virtuales.

Cuando todas las puertas del crédito formal se cierran, pero la necesidad continúa, aparece el mercado informal. Y allí aparecen la usura y el abuso. Préstamos sin contratos claros. Intereses desproporcionados. Cobros diarios o semanales. Deudas cuyo saldo nunca parece disminuir. Hostigamiento permanente. Amenazas al deudor o a su familia. Métodos de cobranza que se aprovechan precisamente de la desesperación y de la vulnerabilidad de quien pidió dinero porque no tenía otra alternativa.

Es la expresión más extrema de la desigualdad financiera: quien menos tiene y menos posibilidades posee de acceder al crédito regulado puede terminar pagando más y quedando más desprotegido.

Por eso el sobreendeudamiento no puede ser reducido a una cuestión moral sobre si una persona administró bien o mal sus ingresos, mucho menos podemos aceptar que la respuesta del Estado sea simplemente decir: “es un problema entre privados”.

Porque el Estado interviene cuando regula a los bancos. Interviene cuando establece derechos de los consumidores. Interviene cuando persigue la usura. Interviene cuando determina qué prácticas de cobranza son legales. Interviene cuando protege un salario de embargos excesivos. E interviene, fundamentalmente, cuando intenta evitar que una relación profundamente desigual termine convirtiendo la necesidad de una persona en la oportunidad de abuso de otra.

Los proyectos que hoy existen tanto en la Legislatura bonaerense como en el Congreso Nacional podrán tener enfoques diferentes, pero parten del reconocimiento de algo fundamental: cuando un problema económico afecta de manera simultánea a millones de personas, deja de ser exclusivamente privado y se transforma también en un problema público.

Y la política tiene la obligación de discutir cómo responder para establecer reglas que permitan prevenir el sobreendeudamiento, generar mecanismos razonables de salida para quienes ya se encuentran atrapados y evitar que la desesperación empuje a los sectores más vulnerables hacia circuitos usurarios.

Porque proteger a una familia sobreendeudada no significa premiar el incumplimiento. Significa impedir que una dificultad económica se transforme en exclusión permanente.

Detrás de cada deuda hay una historia que no empieza en un banco, en una tarjeta o en una billetera virtual: Empieza cuando el salario deja de alcanzar.