En primer lugar, desde el bloque justicialista cuestionaron la tercerización en la responsabilidad de la confección de la norma legal, la cual quedó en manos de la firma jurídica antes mencionada. “Le están entregando la autonomía municipal a una empresa privada. No se puede abordar modificaciones tan importantes para los campanenses cuando se desconocen las particularidades de una Ciudad como la nuestra. Vemos que se intentan plasmar sistemas impositivos similares a otros Municipios como San Isidro o Vicente López, buscando recaudar lo que éstos, cuando aquí la situación es muy diferente”.

En este sentido, los concejales aseguraron que ultimarán las instancias de estudio del proyecto, más allá del tiempo que esto demande. “Los profesionales del Estudio Massad nos dijeron que si queríamos conocer en detalle la nueva ordenanza fiscal impositiva, tendríamos que quedarnos a dormir una semana en el Concejo. Tardaron seis meses en redactar el proyecto, y pretenden que lo estudiemos y analicemos en unos pocos días. Buscan apurar la aprobación de la ordenanza para comenzar a recaudar, sin el tiempo necesario para su estudio”.

En cuanto al primer análisis de la ordenanza, advirtieron a los contribuyentes: “Todas las tazas aumentan en líneas generales. Pero las PYMES y los comerciantes se van a ver impactados de mayor manera por el aumento de dos o tres tasas que los afectan, como la de Barrido y limpieza, seguridad e higiene, y publicidad”. Los ediles explicaron que “esta medida resultará contraproducente para los empresarios y comerciantes quienes hoy en día son víctimas de una fuerte caída en las ventas, que se hace visible en el incremento de negocios vacíos en el centro comercial, como así también en las empresas que producto de la falta de trabajo y los ajustes impuestos por el tarifazo en los servicios, hacen un esfuerzo casi desmedido para sostener el empleo”

 A su vez, hicieron hincapié en uno de los puntos cuestionados de la nueva ordenanza, que establece el revalúo de la tasa de Barrido y Limpieza. “El Departamento Ejecutivo pretende reservarse la potestad de hacer revalúo. Esto significa que a la valuación fiscal que realiza la Provincia a un inmueble, por ejemplo, le sumaría una propia tasación mediante un índice corrector, que es el de la construcción. Esto va a generar una diferencia entre lo que indica la Provincia respecto al valor de inmueble, y lo que señala el Municipio, por lo que el vecino deberá pagar en una cuota complementaria”. “Esa cuota complementaria” continuaron explicando desde el FpV, “conlleva una corrección totalmente discrecional, ya que se establece de 0 a 2 veces el índice de la construcción. Es decir, el Ejecutivo si quiere puede un año revaluarla, otro año hacerlo a un índice distinto, variando a su antojo estos valores sin dar ninguna explicación al respecto”.

Por último, aseveraron que la nueva norma quitará atribuciones al Poder Legislativo y las concentrará en la autoridad del Intendente Abella. “La Ordenanza prevé varias delegaciones y funciones que son propias del Concejo Deliberante al Intendente. Es algo incomprensible, ya que cuando fueron oposición, históricamente no acompañaron ninguna delegación de este tipo, siendo aún de menor importancia que las que hablamos hoy en día. El cambio que no le contaron a la gente es éste, el del doble discurso según su conveniencia, y aún en perjuicio del bolsillo de los vecinos” concluyeron desde el bloque de Concejales del Frente para la Victoria - PJ.