“Los numerosos reclamos de vecinos referidos a problemas en la atención y prolongados períodos de espera en diferentes bancos, locales comerciales y entidades e instituciones que cuentan con lugares habilitados para cobros, pagos y/o trámites de los beneficiarios del sistema previsional, nos motivaron a trabajar en este proyecto que apunta principalmente a los adultos mayores” señalaron los ediles justicialistas.

En este sentido, los concejales explicaron que el trabajo retomó varios de los derechos denominados “de la tercera generación” que fueron incorporados en nuestra Constitución Nacional en la reforma del año 1994. “Este proyecto de ordenanza define un conjunto de prácticas abusivas que se dan en algunos lugares, como obligar al usuario a soportar esperas mayores de 60 minutos, aun cuando se provea de asientos e instalaciones sanitarias. Es fundamental reducir tal tiempo de espera a un máximo de 30 minutos cuando deban permanecer de pie”.

Además, los ediles pedirán sea obligatorio informar el tiempo de demora en la atención, “para que el usuario o consumidor administre y decida sobre el mejor uso del tiempo, pudiendo así evaluar si permanece en el lugar u opta por retirarse”.

“En el caso de las personas mayores que efectúan este tipo de trámites, muchas de ellas con más de setenta años, suelen además sufrir algún tipo de discapacidad propia de la edad y a las que las altas temperaturas del verano y las crudas temperaturas del invierno las afecta con mayor dureza. Si a esto le sumamos la costumbre de realizar la fila desde muy temprano, consideramos que debemos legislar sobre la mejora de su calidad de atención, como una forma de cuidarlos” expresaron desde el FpV.

El proyecto además contempla que en todos los lugares destinados a la atención al público sea obligatorio otorgar prioridad y preferente atención a las personas mayores de 70 años y aquellas con capacidades diferentes, entregar al usuario constancia escrita del otorgamiento de un turno, informando la cantidad de personas en espera existentes y el tiempo estimado de demora en su atención, entre otras cuestiones como la colocación de cartelería que de cuenta de éstas disposiciones. Las entidades obligadas deberán adaptar sus instalaciones y prácticas en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la Ordenanza.

Cabe señalar que en caso de no cumplirse la nueva normativa, el consumidor podría denunciar la infracción en el libro de quejas de la entidad sin perjuicio de utilizar los demás canales habilitados para denuncias.