Consultados concejales del Frente para la Victoria, hicieron un llamado al diálogo y al trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, “porque las urgencias y los temores de los vecinos no cuentan con el tiempo que estas discusiones demandan, y debe ponerse el actual padecer de la comunidad por encima de cualquier cosa”.

Luis Chesini, Presidente del bloque justicialista, señaló que “se ha generado una discusión que termina dejando en segundo plano la verdadera preocupación de la gente, que es la seguridad. Seguramente pueden aparecer responsabilidades compartidas, pero lo importante es que no debe interrumpirse la voluntad de trabajar articuladamente. Ciertas responsabilidades exigen dejar de lado el discurso político y afrontar seriamente la búsqueda de soluciones, que siempre aparecen en la senda del diálogo”.

Por su parte, Adrián Rey aseguró: “Creemos que el diálogo y la división de poderes son fundamentales en la sociedad. Los dichos de las autoridades, tanto municipales como judiciales, no son iguales a los de cualquier vecino. Porque las atribuciones y responsabilidades también son otras. Existen los ámbitos correctos ya sea para trabajar en conjunto, limar asperezas, y denunciar todo aquello que se considere oportuno. El manejo público imprudente, solo entorpece la lucha contra el flagelo de la inseguridad en nuestra Ciudad”.

“También hay que ser cuidadosos cuando se asumen compromisos referidos a la seguridad” dijo por su parte el Concejal Osvaldo Fraticelli. “Es lógico y entendible que la gente le demande al Intendente por seguridad, cuando en la campaña le dijo a los vecinos que iba a hacerse cargo del tema. Creemos que no se le está exigiendo a quien corresponde la responsabilidad de la seguridad,  a la Gobernadora de la Provincia, porque se intenta preservarla del legítimo reclamo de los ciudadanos. Se dispersan así las responsabilidades, buscando otros culpables para no quedar en evidencia”.

Finalmente, los ediles del Frente para la Victoria subrayaron la necesidad de coordinar acciones entre la Justicia y el Estado. “Hemos visto como las autoridades judiciales cuestionan el sistema de buzones para denuncias anónimas, sosteniendo que las mismas pueden entorpecer la tarea investigativa y hacer fracasar las mismas. Se ha invertido recurso económico, tiempo, en algo que a la Justicia parece no servirle, e incluso, dificulta su accionar. Para evitar este tipo de situaciones es fundamental trabajar articuladamente, ambas partes, con el aporte del Poder Legislativo, para lograr ganarle esta pulseada al delito”, concluyeron.