Luego de la sesión extraordinaria llevada a cabo en el Honorable Concejo Deliberante, solicitando un pedido de audiencia con el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, a fin de tratar la reactivación de las obras de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II, lo que representaría miles de puestos de trabajo para los trabajadores de la construcción, concejales justicialistas anticiparon el pedido de una nueva extraordinaria en virtud de la situación que atraviesan los trabajadores despedidos en Carboclor.

“Realmente estamos muy preocupados por la situación, y creemos necesario y urgente adoptar una postura desde el Concejo Deliberante que brinde algún tipo de certeza a los trabajadores que hoy solo tienen incertidumbre en cuanto al cobro de sus indemnizaciones” explicó el titular del bloque, Luis Chesini.

Al respecto, el Concejal dijo que “tal como se hiciera con los trabajadores de UOCRA, pensamos en el armado de una comisión que se reúna con las autoridades uruguayas de ANCAP, con legisladores del vecino país, para buscar garantías en el pago de las indemnizaciones, y ante el vergonzoso desempeño del Ministerio de Trabajo que en boca del propio gremio, tiene una actitud sorprendentemente pasiva”.

Por su parte, la edil Soledad Calle calificó de “muy necesaria” la intervención del legislativo local, “ya que pareciera que este tema es preocupación únicamente de la oposición, que no solo se acercó y acompañó a los trabajadores, sino que además desde los distintos bloques han tomado postura pública y piensan en formalizar este pedido con un proyecto”.

Para la concejal del FpV-PJ, "el Concejo Deliberante puede aportar a la solución de este conflicto que es supranacional. Tenemos un presidente que mira hacia otro lado, porque seguramente si una empresa estatal argentina despidiera 140 trabajadores uruguayos negándose a pagar las indemnizaciones, el Presidente Vázquez intercedería en defensa de sus ciudadanos. Aquí no ocurre eso, y por eso tenemos la obligación de ponernos al frente como uno de los poderes del Estado en la búsqueda de soluciones. Son 140 familias que han perdido su fuente de ingreso, y  debemos garantizar que dejen de perder derechos y perciban las indemnizaciones que reclaman".
 
Finalmente, Calle lamentó que el Gobierno municipal “pretenda ocultar la problemática laboral, y de esta forma proteger a la Gobernadora y al Presidente de la responsabilidad política que significa poner en jaque con sus medidas a una de las regiones productivas más importantes de la Provincia. Se olvidan de representar a los vecinos que están sufriendo. Y es a ellos a quienes les deben sus cargos, que son de responsabilidad y no de privilegio", concluyó.