En vísperas del 24 de Marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, integrantes del bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana reflexionaron sobre el momento histórico y el contexto político que, según señalaron, “representa un retroceso en cuanto a Derechos Humanos”.

Uno de los concejales que hizo uso de la palabra fue Rubén Romano. En un repaso por las medidas del Gobierno respecto a este tema, sostuvo: “Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de nuestro país su gobierno fueron varias las acciones que a nuestro entender lastimaron el espíritu democrático, buscando borrar de la memoria de los argentinos aquellas atrocidades cometidas por genocidas, muchos de ellos presos pero con posibilidades de ser liberados, como ocurrió con otros”.

En este sentido, enumeró: “se fueron desmantelando programas y áreas del Estado de promoción de los Derechos Humanos,  como también se retiró presupuesto para mantenimiento los sitios de memoria, dejándolos en estado de abandono. Decisiones polémicas que suenan a burla, como la propuesta del presidente de transformar en un Parque Nacional el ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo”.

Por su parte, la Presidenta del Bloque, Soledad Calle, agregó y recordó “los ataques reiterados en complicidad con sectores de la Justicia, interviniendo por ejemplo la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo; o el recientemente difundido listado elaborado por el Poder Ejecutivo para liberar 1436 presos, donde más de un centenar que accederían al privilegio de la prisión domiciliaria, son genocidas como Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta. Además, para estos personajes hubo unificaciones de condenas, con sentencias más leves y privilegios durante los procesos judiciales”.

“Son muchas las cosas por las que, como sociedad, debemos seguir peleando y no permitir que el Gobierno de turno destruya” dijo la edil. “Los juicios por lesa humanidad deben profundizarse y agilizarse, y los genocidas deben permanecer presos, sin privilegio alguno. Los programas de investigación y acompañamiento a familiares de víctimas de la Dictadura, deben contar con el correspondiente financiamiento del Estado. Deben ponerle fin a la doctrina de gatillo fácil, acompañada por funcionarios gubernamentales, que coinciden con las prácticas de aquellas épocas. Pero fundamentalmente, deben respetarse las instituciones de la Democracia sea cuales fuere, como también nuestra Constitución y a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, violados sistemáticamente en la actualidad”.

Por último, la Concejal Calle aseguró que ante esta situación, “cuando buscan avasallar nuestra memoria, es necesario estar más juntos que nunca.  Cuanto más el gobierno pisotee la tradición de lucha de las Madres y las Abuelas, más debemos abrazar su causa, reivindicarla y  revalorizarla. Por eso queremos destacar que por primera vez en muchos años los organismos y las organizaciones políticas y sociales realizarán un único acto por la Memoria. Es la mayor muestra de unidad de un pueblo que exige Nunca Más” finalizó.