El reciente aumento de tarifas en servicios de uso diario motivó al bloque de Concejales del Pj-Unidad Ciudadana a la presentación de un proyecto para declarar la emergencia tarifaria, el cual prevé la conservación del poder adquisitivo de los ciudadanos retrotrayendo el valor de las tarifas a Diciembre de 2017.
La iniciativa ya es tenida en cuenta por otros Distritos, e incluso formaría parte de un proyecto de Ley en la Cámara Alta. “A nivel local el aumento de tarifas ha causado un gran impacto, debido a que se trata de una Ciudad de trabajo, donde los vecinos han logrado constituir su bienestar en base a esfuerzo y sacrificio. Pero la inflación y los distintos tarifazos están destruyendo todo lo conseguido en muchos años de trabajo, y la gente destina una parte importante de sus ingresos a pagar por servicios que además de caros, son de mala calidad” señaló la Concejal Romina Carrizo.
La edil hizo referencia a los incrementos en la luz, el gas y el agua. “Pero también en los peajes, el transporte, los combustibles, y los alimentos. Mientras los salarios no aumentan por encima del 15%, los servicios acumulan porcentajes muchos mayores de aumento. Entonces, los vecinos no solo deben dejar de darse algunos gustos, sino que además caen en un serio riesgo de no poder pagar los servicios básicos, y tanto la luz, el gas como el agua son servicios indispensables para la vida”.
Por su parte, Rubén Romano sostuvo que “el pedido de retrotraer las tarifas a 2017, aliviará un poco el presupuesto familiar. Sobre todo, si tenemos en cuenta que tras los aumentos recientes, se esperan otros para el segundo semestre del año. Sinceramente, y con el bajo techo impuesto a las paritarias, mucha gente no sabe cómo hará para llegar a fin de mes”.

“Macri y Vidal deben retrotraer el valor de las tarifas a Diciembre de 2017, porque la gente no puede seguir trabajando únicamente para comer y tener donde dormir” dijo finalizando el concejal peronista, quien concluyó: “han obligado a la gente a dejar de trabajar para sus familias, y entregarle un pedazo importante de sus salarios a las empresas. En dos años, la luz aumentó casi un 1500%; el gas, un 1300%; el agua más de un 600%. Nuestra propuesta pretende además frenar los aumentos por un año, limitar los mismos en relación a los salarios, y por sobre todas las cosas, impedir los cortes de servicio a quienes no puedan pagarlo. Porque está claro que si un vecino hoy deja de pagar algún servicio, después de años haciéndolo, no es porque quiera, sino porque el Gobierno y sus políticas de ajuste lo han obligado a ello”.