En tal sentido, el legislador marplatense manifestó que “hay una demanda cada vez más fuerte de miles de ciudadanos para usar estas nuevas modalidades de transporte de pasajeros que conllevan mayor competencia, más opciones para elegir, precios más bajos y más empleo para los bonaerenses. Por eso proponemos una solución normativa a las dificultades para el ingreso formal y el desarrollo pleno de estas empresas. Estamos convencidos que la provincia de Buenos Aires debe avanzar hacia un escenario de mayores libertades individuales y transparencia para beneficio del consumidor”, resaltó Castello.
La normativa presentada por el legislador prevé que tanto las empresas de redes de transporte como sus choferes cumplan con las mismas obligaciones impositivas y de seguridad que hoy afrontan los taxis y remises. “Nuestro proyecto les exige a los choferes que cuenten con las debidas inscripciones impositivas y previsionales, carnet profesional, certificado de antecedentes penales, VTV, cobertura de seguros a pasajeros, etc. Además, obligamos a las empresas a constituir domicilio en la provincia de Buenos Aires y a cumplir con los mismos requisitos que cualquier empresa radicada en suelo bonaerense, lo que permite también fiscalizar su funcionamiento.
Ante la consulta sobre la resistencia por parte de los gremios de taxistas que puede causar su proyecto, Castello propone que tanto taxis como remises “puedan utilizar también las plataformas digitales para captar nuevos clientes acostumbrados a este tipo de servicios”. Además, agrega: “la ley prohíbe expresamente que las empresas de redes de transporte puedan levantar pasajeros en la vía pública”.
Finalmente, Castello explicó que “hay miles de personas que desean viajar utilizando estas plataformas porque brindan generalmente mejores precios y mas información y seguridad para el usuario. También hay una importante cantidad de vecinos de la provincia que quieren trabajar aprovechando la flexibilidad horaria que ofrece esta modalidad como es el caso de estudiantes universitarios, jubilados
y amas de casa que hoy se ven impedidos de hacerlo  por algunos fallos judiciales muy cuestionables y por la persecución de los sindicatos de taxis. Lamentablemente encontramos a autoridades que pretenden prohibir la actividad de estas empresas, pero que en realidad no saben cómo afrontar las posibilidades que brindan los avances tecnológicos. Hay una demanda social importante y un vacío legal que debemos llenar para dar una respuesta que termine con las situaciones de violencia que sufren tanto choferes como pasajeros”.