Tras el discurso del presidente Mauro Macri, tanto  German Garavano como  Patrica Bullrich explicaron ante la prensa los alcances que tendrá la nueva norma. Fiel a su estilo, Bullrich defendió de plano la iniciativa y advirtió que "los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos".

"A la gente honesta se la va a respetar", añadió. La funcionaria adelantó además que la medida "se puede hacer retroactiva" y que "tiene 15 años de prescripción", aunque fuentes del gobierno aseguran que el plazo puede llegar a veinte años. Por su parte, Garavano apuntó a los requisitos técnicos del decreto, y consideró que no habría lugar para planteos de inconstitucionalidad.

"Es una reglamentación que avanza sólo en el fuero civil, por eso no creemos posible una objeción. La impugnación sólo podría hacerse si se cree que se avanza sobre la naturaleza penal", señaló, ya que el Ejecutivo no puede legislar sobre materia penal. Asimismo, aclaró que los procesados tendrán la posibilidad de demostrar la legalidad en la adquisición de sus bienes, y marcó que el texto "prevé una nueva procuraduría en el Ministerio Fiscal, y son los fiscales los que van a determinar cada caso".

Además, los bienes decomisados pasarán a ser administrados por el Administración de Bienes del Estado (ABE).