Firmaron un documento para manifestar, formalmente, a Nación su posición advirtiendo que deja a las provincias “al borde de una grave crisis”. 

“Con el impacto de la devaluación y la crisis generada, pretender que ésto se resuelva con estas medidas es, de mínima, una ingenuidad”, sentenció el compañero de fórmula de Roberto Lavagna y explicó que, “si se solucionase el problema estructural de la economía argentina lo podriamos discutir. Pero no soluciona el problema y agrava la situación fiscal de las provincias en un escenario en donde, inevitablemente, quieren llevar el déficit fiscal a toda la Argentina”.

Urtubey informó que, según las primeras estimaciones, estas medidas provocarían a la provincia de Salta una reducción de recursos de casi 1200 millones de pesos “en un escenario de mucha restricción económica”.

“Es poco responsable comprometer recursos sin tener garantizado de qué manera se los puede obtener. Hay una fuerte presión salarial producto de lo que significa el proceso devaluatorio y, en el caso de Salta, tenemos indexación automática anticipada de inflación en los salarios provinciales. Así que, con preocupación, vemos estas medidas que no dan la sensación de que vayan a resolver el problema de manera estructural en la economía argentina y de la gente”, declaró el Gobernador salteño.

El documento firmado por gobernadores de 18 provincias (no participaron ni rubricaron los representantes de CABA, Buenos Aires, Corrientes, Jujuy y Mendoza) y el ministro de Economía de Córdoba, remarca que no están en contra de medidas que tengan como objetivo paliar la grave situación económica de la mayoría de los sectores de la sociedad, pero las medidas inconsultas y determinadas de modo unilateral son inconstitucionales y si no se revierten, los Gobiernos provinciales tendrán que buscar amparo judicial a los derechos de cada provincia.

Al finalizar la reunión, Juan Manuel Urtubey manifestó: “Seguimos predispuestos al diálogo pero queremos que los derechos de las provincias argentinas sean respetados por el Gobierno nacional y tenemos un plan de acción para que se garanticen esos derechos que son de cada uno de las personas a las que representamos y, además, todos los gobernadores tenemos la obligación constitucional de preservar los recursos de nuestras provincias”.