La solicitud la realizó junto a sus pares mendocinos, Jimena Latorre, Omar  de Marchi, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide.
La iniciativa reclama que el titular de Interior “informe sobre la fundamentación y la motivación de el, o los actos administrativos que establecen los criterios de distribución de los fondos ATN  y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Como también los criterios de distribución que se utilizaron para el envío a las distintas jurisdicciones de los fondos ATN remitidos a las provincias, ponderadores por provincias y su descripción, y montos efectivamente asignados”.
El mismo proyecto solicita que se detalle los criterios utilizados para distribuir entre las distintas jurisdicciones  los fondos ATN (60 mil millones de pesos) que restan enviar a las provincias y su justificación, de acuerdo a su ponderación,  descripción y montos.  Respecto al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (60 mil millones de pesos) se pide idéntico detalle, además de pedir que se informe los mecanismos de selección de las jurisdicciones que podrán recibirlos, criterios de evaluación objetivos que han de considerarse al momento de definir la existencia o no de un desequilibrio o problema financiero y descripción de ponderadores por el cual se definen los montos a asignar a cada jurisdicción.  
Es que hasta el momento, son nueve las provincias que han recibido el desembolso y, excepto por Misiones, todas recibieron sumas superiores a Mendoza. A saber, en millones: Tucumán, $ 6.000; Chubut, $ 5.000; Córdoba, $4.800; Santa Fe, $4.600; Entre Ríos, $ 3.500; Santa Cruz, $3.000; Chaco, $ 2.500 y Misiones, $1.200.

“El Gobierno castiga a Mendoza por hacer las cosas bien durante años, pero también por ser de un signo político distinto. Para derrotar la pandemia el Gobierno le pide ayuda a todos, pero para asistir a las provincias la cosa es entre pocos. Vuelve la política del látigo y la billetera. Hoy más que nunca el país necesita un federalismo de concertación para salir de la crisis”, señalaron en conjunto los diputados de JxC.

Cornejo también le pidió a De Pedro que informe el saldo de fondos pendiente de asignar al 19 de junio del 2020, y la proyección y criterios a utilizarse para la distribución en el caso de que todas las jurisdicciones que no han realizado una solicitud lo hicieran.
En la fundamentación del proyecto se explica que “la importancia que han revestido y revisten los recursos nacionales para hacer frente a las demandas de bienes y servicios públicos provinciales, la variedad de mecanismos distributivos y que estos no han contribuido demasiado a un desarrollo regional equilibrado y equitativo con consecuencias negativas para el sistema político, social y económico, resulta menester conocer la fundamentación jurídica, los criterios y parámetros, y la el tratamiento recibido por cada una de las provincias en la asignación del Programa mencionado”.
“Resulta necesario contar con un canal oficial para acceder a dicha información que permita al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia”, aseguran los firmantes de la iniciativa.