La Comisión Bicameral, presidida por el diputado Leopoldo Moreau (FdT), entregó esta tarde a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa el informe que el Congreso había solicitado para fiscalizar el seguimiento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (D.A.Ju.De.C.O).

Durante el acto, el diputado Moreau aseguró que “no se trata de una trabajo literario, se trata de un trabajo científico” y destacó que “es un informe técnico que contó con el aval de la totalidad de los miembros de la comisión; muy pocos legisladores de la oposición hicieron observaciones pero solo al dictamen”.

Aseguró que “ambas cámaras encomendaron a esta Bicameral en julio de este año la tarea de llevar adelante un examen del desenvolvimiento de la DAJuDeCO. De inmediato se trazó un plan de acción para encarar la misión encomendada”.

Explicó que “el trabajo fue elaborado por una subcomisión que integraron legisladores, grupos técnicos y profesionales. Se analizó gran cantidad de documentos, normativas, decisiones administrativas, además de numerosas entrevistas personales. También se concretaron entrevistas al mencionado organismo y a juzgados federales de todo el país. El principal objetivo de las mismas fue conocer las causas en las que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) intervino con escuchas telefónicas”.

.Al hablar sobre el informe, el diputado Moreau mencionó que “para la elección de quienes iban a conducir esa nueva oficina de escuchas el DNU establecía un sorteo entre jueces penales para designar a sus autoridades. Nuestros técnicos requirieron información sobre ese sorteo pero el acta no apareció, no existe”.

El informe señala, entre otras consideraciones, que luego del Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por el gobierno anterior a poco de asumir, se constituyó la D.A.Ju.De.Co, y lejos de “ser una instancia de apoyo administrativo a pedido de los magistrados en determinadas causas, se transformó en una herramienta del máximo tribunal de Justicia de la Nación para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional”.

También se sostiene que “el campo de acción del nuevo organismo se definió a través de acordadas que, en algunos casos, han sustituido y reemplazado las facultades del Congreso de la Nación ya que la creación de esta verdadera policía judicial entra en el terreno de la organización de la Justicia Federal Penal, tarea que le corresponde al Parlamento”.

Entre lo que denomina “vicios de origen” del nuevo organismo, la Bicameral afirma que “sus Directores Generales, a la sazón, camaristas federales, como son los casos del Dr. Martín Irurzun o el Dr. Javier Leal de Ibarra, actuaron en causas en las que participó de manera directa el organismo que ellos dirigían”.

El informe de la comisión parlamentaria mencionó casos concretos en los que se dio esta “superposición de funciones”. La Bicameral sostiene que “en esos casos hubo filtraciones periodísticas, escuchas telefónicas que tuvieron amplia repercusión pública, y también sirvieron para que un fiscal, que actualmente se encuentra procesado por instar actividades de espionaje ilegal, iniciara causas sobre supuestos delitos que resultaron ser falsos”.

El informe subraya que el doctor Martín Irurzun, titular de la D.A,Ju.De.C.O, “entregó de manera indebida, regrabaciones de escuchas al Dr. Claudio Bonadio para que las incluya en una causa que nada tenía que ver con el origen de las mismas”.

El trabajo también critica la designación del Dr. Martín Irurzun como titular del nuevo organismo. Sostiene que “hubo una serie de irregularidades en su nombramiento  y que ni el organismo, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pudieron entregar a la Bicameral el acta de sorteo con la que se definió el cargo”. En el listado de irregularidades le suman que “a pocas horas de vencer su mandato, se prorrogó la designación de Irurzun”.

También se informa que “existieron graves irregularidades en la formación de las comisiones evaluadoras que debían nombrar a los peritos del Poder Judicial especializados en Casos de Corrupción y en Delitos contra la Administración Pública”. En este punto se subraya que “algunos de esas designaciones fueron a la sola firma del entonces Presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo Lorenzetti”.

A partir de estas cuestiones, la Bicameral concluyó que el nuevo organismo “se convirtió en un instrumento, que con la participación de servicios de inteligencia y con amplia cobertura mediática, facilitaron la persecución de personalidades con representación política e institucional de la Argentina”.