Independientemente que el organismo de competencia sea Provincial, la ley 10.699 y su decreto reglamentario 499/91 y demás resoluciones, mediante convenio adjudican a los municipios en sus art. 7 al 10,  el rol de planificación, afectación y control de las zonas y la metodología en la aplicación de agroquímicos, tal y como lo expresa la Ordenanza 5792/11 en especial en sus art. 3, 13 y 14. En definitiva, las autoridades municipales no se pueden desentender del tema y en especial  en los casos concretos en que se ha demostrado intoxicación en las personas por glifosato.

Dos o tres medidas deberían ser tomadas de manera urgente, A) Los vecinos afectados por la contaminación del agua, deberían ser asistidos con provisión de agua potable aunque sea acercando bidones. B) Cese inmediato de actividades de fumigación por parte de los privados, hasta tanto no se hagan los controles necesarios de la composición de los químicos, los permisos, y todo lo correspondiente al cumplimiento de las normas vigentes. C) Dar urgente conocimiento al Organismo Provincial para su intervención, y por supuesto la sanción correspondiente a los responsables.

Es necesario priorizar una política que preserve el Patrimonio y las áreas protegidas, promoviendo un equilibrio sostenible entre el Crecimiento y el Crecimiento con Desarrollo Social. Mayor concientización ambiental empezando por quienes nos gobiernan y la asignación de los recursos necesarios  para la protección del Medio Ambiente, que no es negar el crecimiento, sino por el contrario, es fomentar una política ecoeficiente para la Región. – Concluyeron, Lagar y Altimari .