Ante la gravedad del informe, los referentes del Observatorio exigieron explicaciones públicas:

La diputada Soledad Alonso abrió el reclamo exponiendo la enorme brecha con otros distritos: “El informe de la ASAP demuestra una disparidad escandalosa: mientras 64 comunas bonaerenses alcanzaron el cumplimiento estricto con un puntaje perfecto de 100, Campana quedó estancada en el fondo con apenas 5 puntos. Esta nota de aplazo nos mete directamente en el lote de los 22 peores municipios en materia de transparencia de toda la provincia”.

Por su parte, el Doctor Joel Vallomy desglosó las fallas técnicas de la administración local: “El Intendente Abella no publicó el presupuesto de 2026; de hecho, el último disponible en la web es del año 2022. Tampoco se actualizan los informes de la Situación Económico Financiera desde hace casi un año, ni mucho menos los reportes de ejecución presupuestaria o el stock de la deuda pública. Los únicos 5 puntos que sacó de puntaje es porque existe un link que permite ingresar a ver esos informes viejos”.

La diputada Alonso remarcó el valor del derecho al acceso a la información: “El acceso a las cuentas públicas es un derecho constitucional y un insumo vital para la comunidad, no un favor del Intendente. Cuando un gobierno local elige esconder deliberadamente sus balances y presupuestos, desgasta la confianza pública y debilita severamente los lazos de la democracia representativa. Desde el Observatorio exigimos que se dejen de lado los discursos cosméticos sobre la modernización estatal y se empiece por cumplir con lo elemental: poner sobre la mesa los números de la ciudad”.

Finalmente, Vallomy adelantó las acciones que tomará el organismo técnico: “No podemos permitir que Campana siga en la lista negra de la transparencia provincial. Nuestro municipio adhirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual exige taxativamente la carga del presupuesto y sus anexos en la página web; asimismo, la Ley Orgánica de las Municipalidades exige la publicación de la situación económico-financiera. Exigimos al Ejecutivo que honre la ley y sus compromisos regulando la carga de datos. De nuestro lado, seguiremos auditando de cerca porque gobernar de espaldas a los vecinos atenta contra la ética pública”