“Si el Intendente no le sube el sueldo a los trabajadores, que tampoco se aumente el suyo” insistieron los ediles justicialistas, quienes semanas atrás presentaron un pedido de informes para conocer los pormenores salariales del Departamento Ejecutivo, incluyendo a muchos funcionarios que no son de Campana, y quienes fueron señalados por las abultadas sumas percibidas a manera de remuneración. “Para nosotros, el salario bruto es el que marca la pauta de los ingresos, ya que constituye la totalidad de la remuneración. Obviamente, a ese monto hay que aplicarle deducciones impositivas, porque ya sería el colmo que tampoco quisieran pagar impuesto a las ganancias, o los aportes jubilatorios” cuestionaron.

Asimismo, señalaron que el eje de la discusión, es otro. “Acá no se planteó si es legal o ilegal que el Intendente cobre 272 mil pesos. Sino el contexto en el cual decide aplicarse el 100% de los gastos de representación: un sindicato sin la posibilidad de negociar aumentos, proveedores que no pueden cobrar sus deudas, trabajadores sin materiales e insumos para realizar sus tareas, recortes presupuestarios en áreas sensibles como salud y desarrollo humano, hacen que dichos haberes sean al menos, inoportunos”.

A su vez, los Concejales del FpV-PJ insistieron en la relación existente con la denominada “emergencia económica”: “Queda claro que nunca hubo tal emergencia, porque de esta manera el Intendente no habría tenido fondos para percibir su salario durante estos casi cinco meses. Hoy, y tras la presión que se generó en la Comunidad, anuncia que renunciará a esos valores. Lo hubiese podido hacer ni bien asumió, y no necesita de la aprobación del Concejo Deliberante para ello. Pero fue descubierto, y ahora no le queda otra que acceder a nuestro pedido. Esperamos ahora que pueda definir el aumento tan esperado para los empleados públicos”.

Por último,  los integrantes del bloque justicialista coincidieron en señalar que “la emergencia económica sigue vigente y mientras tanto, el Intendente podrá realizar de manera indiscriminada contrataciones y disponer de fondos sin la necesidad de dar curso legal a estas acciones. Esperamos que también se ponga fin a dicha emergencia, y pueda gobernar con la transparencia que los actos públicos y las licitaciones le otorgan a sus actos”, finalizaron.