Sin embargo, salió a la luz una supuesta maniobra que dificultó aún más alcanzar un acuerdo. “En las últimas horas nos enteramos que el supuesto representante del Estudio Massad, responsable de confeccionar la norma, no era tal, sino un enviado político que buscó defender el proyecto políticamente, en lugar explicar y debatir los cambios necesarios para una medida de la magnitud que se intenta implementar” denunciaron los ediles justicialistas, en referencia a Sergio Selaya, ex funcionario del Gobierno de Jorge Macri, en Vicente López.

Precisamente el artículo 113 de la ordenanza impositiva, el cual hace referencia a un índice corrector de las valuaciones fiscales para el cálculo de las tasas correspondientes, fue mencionado como “el artículo Selaya” por parte de quienes dejaron en evidencia esta maniobra. “Este personaje no solo no tenía nada que ver con el estudio autor del proyecto, sino que además sería veterinario sin competencia alguna sobre la cuestión impositiva, y estaría procesado por defraudación al Estado. Con él discutimos durante horas en comisión cuestiones que no eran de su competencia” aseguraron desde el FPV-PJ.

También desmintieron al Secretario de Economía y Hacienda, Miguel Ibarra, quien había asegurado que en otros municipios ya funcionaba el polémico y cuestionado índice corrector, “lo cual no es cierto. En otras localidades existe un índice corrector que no es discrecional y no le otorga un superpoder al Gobierno, como se pretende en Campana” argumentaron los concejales justicialistas.

Por último, lamentaron las condiciones que finalmente decantaron en el no otorgamiento de quorum para la sesión que pretendía comenzar el tratamiento de las nuevas ordenanzas que regirán los aumentos de tasas. “No hubo un compromiso serio y con nuestra presencia no íbamos a avalar una trampa para los vecinos y contribuyentes. No vamos a acompañar  este tipo de situaciones, y preferimos explicarles a nuestros vecinos los alcances que tendría el tarifazo local, algo que debería hacer el Municipio. Esperamos hasta último momento que el bloque oficialista se comprometa a tratar en primer lugar la vuelta a las comisiones de estos proyectos de ordenanza y así contar con mayor tiempo de análisis de las normas, pero no fue así. De ninguna manera legitimaremos la entrega de superpoderes al gobierno, porque los vecinos nos otorgaron la responsabilidad de controlar y auditar al Ejecutivo, y no resignaremos dicho mandato” concluyeron.