En el segundo, no más de tres” sostuvieron los ediles, quienes aseguraron que “el Gobierno utiliza las emergencias para saltear el procedimiento administrativo correspondiente para las compras y contrataciones. Pero lo único urgente es entregarle obras a sus amigos, las cuales después, quedan abandonadas”.

“Desde que asumió Cambiemos, prácticamente no se realizan contrataciones mediante licitaciones públicas” sostuvo la Concejal Soledad Calle, del bloque PJ-Unidad Ciudadana. De un promedio cercano a las 100 licitaciones anuales, previo al 2015, “en 2016, durante el primer año, hubo solo cuatro o cinco licitaciones. En el segundo, no más de tres. Han dejado de lado el procedimiento administrativo por excelencia para transparentar el uso de los recursos, incumpliendo las normas vigentes”.

En este sentido, la Concejal aseguró que dichas licitaciones “transparentan las contrataciones porque deben publicitarse y posibilitan la libre concurrencia, permitiendo que cualquier proveedor que quiera participar en la compulsa de precios y condiciones, detalladas en cada pliego, pueda hacerlo. Todos tienen derecho a ser contratados por el Estado, y debe ganar quien brinde el mejor servicio al mejor precio”.

Para la edil, el Gobierno Municipal “utiliza artimañas jurídicas para sostener declaraciones de Emergencia ficticias. La declaración de necesidad y urgencia se aplica solo al contratar. Es decir, sirve al gobierno solo a los fines de incumplir los procedimientos de compra. Como ocurrió en Otamendi, donde se asignaron 110 millones de pesos en contrataciones directas,  pero la obra está paralizada desde hace más de un año”.

Respecto a ello, la Concejal Romina Carrizo dijo que “en Otamendi, a la vista están las obras abandonadas, con dinero asignado. Pastizales, desagües abandonados, y denuncias por robo de tosca en terrenos públicos, conviven en un barrio con cuantiosas necesidades. El Tribunal de Cuentas ha observado esto en la Rendición de Cuentas anterior, sosteniendo que no solo debe justificarse la necesidad y urgencia a la hora de comprar, sino que debe verse reflejada en la celeridad del procedimiento y la ejecución de las obras que, teóricamente, eran urgentes”.

Otro de los puntos “poco claros” para los concejales de la oposición, es la situación de las empresas contratadas. “Se trata en gran medida de proveedores que, casualmente, se inscribieron en el Municipio con la llegada de éste Gobierno. Muchos de ellos, comenzaron su actividad comercial después que el macrismo ganó las elecciones. Y la gran mayoría, no son de nuestra Ciudad”.

Por último, la Concejal Carrizo aseguró que desde su bloque “vamos a indagar en qué se gasta cada peso de los campanenses. El Gobierno utiliza las emergencias para saltear el procedimiento administrativo correspondiente. Pero lo único urgente es entregarles obras a sus amigos, las cuales después, quedan abandonadas. Los vecinos necesitan obras, con mucho esfuerzo abonan sus tasas y el Gobierno debe ser lo suficientemente claro para garantizar el buen uso de los fondos municipales. Consideramos que 800 millones de pesos otorgados para proyectos que no prosperan y quedan sin terminar, y contrataciones sin licitación alguna, exigen explicaciones urgentes por parte del Ejecutivo. Es algo que no ha ocurrido jamás en ninguna administración pública”, concluyó.