Según datos oficiales y de centros de estudio, más de 52 mil trabajadores del Estado nacional fueron despedidos desde la asunción de Javier Milei. Organismos claves como Télam, CONICET, ANSES, el Instituto Nacional del Cáncer, Educar S.A. y el Consejo de Políticas Sociales fueron desmantelados. El objetivo es claro: estigmatizar el Estado para poder achicarlo y recortar derechos.

Pero el ajuste no se limita a lo público. El sector privado también está siendo devastado: más de 12.000 PyMEs cerraron en apenas seis meses. Fábricas históricas como LIPO, Tía Maruca o Sancor frenaron su producción o despidieron masivamente. En pueblos como Arenaza (1300 habitantes), el cierre de una sola planta dejó a toda la comunidad sin trabajo.

Mientras tanto, el salario pierde poder adquisitivo todos los meses. Según el INDEC, los ingresos subieron 74,3% en el último año, mientras la inflación superó el 280%. Los salarios públicos cayeron un 15,5% en términos reales. Las jubilaciones siguen congeladas y los precios de servicios esenciales —gas, luz, transporte, educación— no paran de subir.

Todo este panorama económico se da en un contexto de concentración extrema de la riqueza: el 1% más rico acumula el 29% del patrimonio nacional, mientras la mitad más pobre apenas accede al 4%.

Todo esto mencionado es una clara respuesta al porqué Cristina está proscripta.
“Porque representa un modelo opuesto al que hoy avanza: un proyecto que distribuyó la riqueza, fortaleció el Estado y puso a los trabajadores y jubilados en el centro. Porque la quieren silenciar, igual que a los periodistas que no se callan, a los científicos, a los docentes, a los médicos, a los estudiantes, a los laburantes” afirma Soledad Alonso, Diputada Provincial.

Pero la realidad no se tapa con causas armadas ni con operaciones judiciales. El ajuste tiene responsables, el pueblo tiene memoria y Cristina es inocente, por eso la queremos libre.