La política de “retenciones cero”, que apenas duró tres días, terminó en un escándalo por ser un beneficio exclusivo para unos pocos. En ese lapso, una docena de grandes agroexportadoras, como Bunge, se habrían apropiado de unos 1.500 millones de dólares que debían ir al Estado o a los productores, gracias a un mecanismo habilitado por los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo. Incluso declararon ventas al exterior sin tener aún la mercadería. Así, cuando compren la soja al productor le descontarán el 26% de las retenciones y, al mismo tiempo, se aseguran exportar a futuro sin pagar el impuesto. Ganan por todos lados.

En el último año, la cantidad de personas alcanzadas por Ganancias se triplicó. Según el último informe de gestión que el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentó ante el Congreso, más de 1,2 millones de trabajadores y jubilados estuvieron alcanzados por este impuesto y la recaudación sumó $444.066 millones en junio. Todo para sostener el famoso “superávit fiscal”, que no se traduce en mejoras para la gente sino en un ajuste constante sobre el bolsillo de quienes viven de su salario o de una jubilación.

En paralelo, el Presupuesto 2026 prevé un gasto tributario de 3,4% del PBI —$35.300.707 millones—, un monto mayor que lo asignado en conjunto a Educación, Asistencia Social y Obra Pública.

Hay una clara determinación del gobierno de Milei de sacar recursos a los trabajadores, a los jubilados y a las familias. Si puede eliminar las retenciones para los grandes exportadores, también podría eliminar Ganancias para los asalariados. Pero no: decide ajustar siempre a los mismos.

A esto se suma otra decisión grave: el regreso al endeudamiento, otra vez de la mano de Luis Caputo. En pocos meses el gobierno volvió a recurrir al FMI y a organismos internacionales, contrayendo miles de millones de dólares de deuda. Dinero que no se destinó a recomponer ingresos ni a fortalecer la producción, sino al carry trade y a un esquema financiero que hace que la plata se la lleven unos pocos vivos.

Las prioridades también se ven en casos concretos: en el Presupuesto 2026, las exenciones a empresas de la Economía del Conocimiento suman $491.000 millones, el doble de lo que necesita el Hospital Garrahan ($230.400 millones). Y el Estado dejará de recaudar $880.000 millones en Ganancias al Poder Judicial.

El país que queremos es aquel donde el ajuste no lo paguen siempre los mismos, donde menos trabajadores paguen Ganancias y donde no se hipoteque el futuro con más endeudamiento. Una Argentina que se construya defendiendo el trabajo y el salario.

*Diputada provincial de Unión por la Patria