La iniciativa contempla la creación de un organismo especializado en la recolección, sistematización y análisis de datos vinculados a situaciones de violencia laboral, con el objetivo de contar con información confiable que permita diseñar políticas públicas más eficaces para abordar esta problemática. Asimismo, el observatorio tendrá entre sus funciones la elaboración de informes y estudios, el desarrollo de programas de capacitación y concientización, la asistencia técnica a organizaciones sindicales y empleadores, y la articulación con distintos organismos públicos y actores del mundo del trabajo. Además, contará con un Consejo Asesor integrado por representantes de los tres poderes del Estado, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sindicales.

La propuesta se enmarca en los principios establecidos por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina mediante la Ley Nacional 27.580, que reconoce el derecho de toda persona a desempeñarse en un ámbito laboral libre de violencia y acoso.

El proyecto es el resultado de un trabajo legislativo sostenido durante varios años. Presentado por primera vez en 2020, obtuvo dictámenes favorables y alcanzó la media sanción de la Cámara de Diputados en 2022 y nuevamente en 2024, aunque en ambas oportunidades perdió estado parlamentario por falta de tratamiento en el Senado bonaerense. Con esta nueva aprobación, la iniciativa vuelve a reunir un amplio consenso legislativo y reafirma la necesidad de esta herramienta para la protección de los derechos de las y los trabajadores.