Fue a través del decreto 427/2021 publicado en el Boletín Oficial el jueves pasado, que se hizo efectiva la decisión del Gobierno de dejar a la Hidrovía Paraguay-Paraná por los próximos 12 meses bajo control estatal, con la firma del presidente Alberto Fernández.

El secretario general de SECASFPI (ANSES) y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Diputado Nacional Carlos Ortega, es de los impulsores y defensores que reclamaban el traspaso a manos estatales del corredor fluvial desde hace años. “Nuestro reclamo viene desde hace mucho tiempo. Este decreto es un acierto y la decisión del presidente abre el camino hacia la soberanía”, señaló.

“Este es el comienzo. Lo que ahora sigue es mantener el debate vivo, y seguiremos militando la causa hasta que consigamos lo que nos proponemos, que es la administración soberana del Estado Argentino y que las ganancias generadas de los impuestos correspondientes sean redistribuidas, finalmente beneficiando a los millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”, aseguró Ortega.

Concretamente, el decreto le otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

Para lo que, en el mismo documento se incorpora en el segundo párrafo del artículo 5° del Estatuto Administración General de Puertos, que el organismo "también podrá asumir la concesión de obras y la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros".

LA SITUACIÓN HACE 25 AÑOS

Fue en 1995 cuando el gobierno de turno determinó que las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná quedaran en manos del consorcio Hidrovía, que integraran la empresa de origen belga “Jan de Nul” junto a la argentina “Emepa”. Esta concesión venció el 30 de abril de este año, fecha a la que se estableció una prórroga de 90 días que daría inicio a un debate dentro de las esferas política y pública, hasta que se decidiera el destino de la principal vía navegable troncal del país.

El asunto a resolver sobre el destino de la arteria fluvial más importante de Argentina, formó parte de la agenda del Gobierno de Alberto Fernández desde el inicio de la gestión, aunque a causa de la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado, recién pudo ser tratado posterior a la conformación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía, a cargo de Pablo Barbieri.

También se constituyó el Consejo Federal de Hidrovía, cuya primera reunión fue a fines de febrero en Rosario, y donde confluyeron organismos nacionales, gobiernos provinciales, entidades gremiales empresarias y sindicales, y universidades.